Aquí
entraría en juego el rumor tantas veces escuchado en los corrillos de
cazadores: que toda la caza de la Reserva pase a los Ayuntamientos y a las
Juntas Vecinales. De hecho ya hace años que circula por ahí un nuevo mapa de la
Reserva que divide muchos de los lotes existentes hasta aumentar su número en
un 35% aproximadamente. Y esa nueva distribución tiene unas sospechosas
coincidencias con esta posibilidad.
Así
de pronto, esto significaría la liquidación de la mayor reserva de caza de
España, una de las mejor conservadas y el adiós a un sistema social y accesible
de la caza imposible de imaginar por los cazadores de cualquier otro punto del
país. Sería, por parte de nuestra Administración, la renuncia a una de las
mejores “herencias recibidas”, abdicando de una de las más sagrada funciones
que tienen los titulares de la cosa pública: administrarla con justicia y
fidelidad, cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien.
Pero
si tiene que llegar el fin de la Reserva, la mínima exigencia que tenemos que
hacer los cántabros, es que se haga con todas sus consecuencias: en primer
lugar, que desaparezca toda la estructura técnica y administrativa y que todos
los gastos de guardería, equipamientos y servicios, pasen a ser soportados por
sus nuevos gestores, que para ellos serán también los hipotéticos beneficios.
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